A partir de la pandemia, gobiernos e industria postergan su salvataje
may 2020
Es claro que este año quedará marcado por la pandemia del coronavirus. Por sus secuelas en vidas humanas, el largo confinamiento de una extensa parte de la población mundial y las consecuencias económicas que sobrevendrán y cuya dimensión aún no se puede estimar.
La comunidad internacional había establecido el 2020 como un año clave para los océanos. Se habían planteado varios objetivos para proteger los ecosistemas marinos y garantizar la seguridad alimentaria de la humanidad. Se ponía al mar en el foco de las discusiones más importantes sobre cambio climático.
Las metas no eran demasiado ambiciosas pero debían cumplirse este año. Entre esas metas figuraban, por ejemplo, la obligación de que todos los países firmantes de las Metas Aichi protejan por lo menos el 10 % de sus mares y la prohibición de seguir subvencionando la pesca ilegal y excesiva.
El 2020 permitiría evaluar el grado de avance y cumplimiento de diversos tratados internacionales que han buscado proteger a los océanos sin resultados. Pero finalmente, una vez más, ahora con el pretexto de la pandemia, gobiernos e industria van a postergar decisiones para el 2021.
De hecho, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) anunció que la COP26, que se iba a celebrar entre el 9 y 18 de noviembre en Glasgow (Escocia) se pospone debido a la pandemia. La Conferencia era clave para determinar el grado de cumplimiento de las metas que se habían establecido los países respecto de la lucha contra el cambio climático.
Como señala el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, la pandemia es grave pero temporal. El cambio climático en cambio, es terminal. No solo provoca más muertes que el coronavirus y mayores deterioros económicos globales sino que compromete nuestra supervivencia.
La OMS insiste en advertir que el deterioro del medio ambiente es responsable de una cuarta parte de las muertes en el mundo. Las enfermedades infecciosas son un problema ambiental. El 75% de las enfermedades infecciosas emergentes, surgidas en los últimos 40 años, provienen de la vida silvestre. Tienen su origen en animales, y están en un aumento sorprendente: en promedio una nueva enfermedad infecciosa surge en los humanos cada 4 meses.
Además de atender la actual emergencia, debemos entender que solo los ecosistemas saludables nos ayudarán a protegernos de las enfermedades. La diversidad de especies hace más difícil la propagación de patógenos. Para prevenir futuras pandemias debemos terminar con la demencial destrucción de la naturaleza.
Como lúcidamente advierte Inger Andersen, Directora del PNUMA respecto del Covid-19: “la naturaleza nos está enviando un mensaje… Si no cuidamos la naturaleza, no podemos cuidar de nosotros mismos”.
Océanos olvidados
Aunque parezca absurdo, recién en la COP 25 de Madrid se logró que, por primera vez, se incluyera a los océanos como ecosistemas clave al discutir las estrategias formales de mitigación y adaptación al cambio climático.
Los científicos poner de manifiesto desde hace años, la importancia crítica de los océanos en el sistema climático de la Tierra. En junio próximo en Bonn, los expertos de Naciones Unidas debían reunirse para elaborar las iniciativas sobre los océanos para la COP 26, ahora postergada.
El IPCC ha señalado reiteradamente el rol fundamental que cumplen los océanos en la regulación del clima y, las consecuencias ocasionadas en ellos por el deterioro climático. Fenómenos como el aumento de la temperatura del agua, la acidificación y la pérdida de oxígeno son consecuencias con severos impactos en los ecosistemas marinos.
“El océano está sufriendo consecuencias devastadoras que debemos abordar con urgencia”, reclamaba en la COP 25, la ministra chilena de medio ambiente Carolina Schmidt. Una urgencia que ahora se posterga por una pandemia que se multiplicará una y otra vez, con distintos nombres, si no atendemos en profundidad el cambio climático.
Como señalan los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS 14) “los océanos del mundo –su temperatura, química, corrientes y vida– mueven sistemas que hacen que la Tierra sea habitable para la humanidad. Nuestras precipitaciones, el agua potable, el clima, el tiempo, las costas, gran parte de nuestros alimentos e incluso el oxígeno del aire que respiramos provienen, en última instancia del mar y son regulados por éste”.
Los océanos cubren las tres cuartas partes de la superficie de la Tierra, contienen el 97% del agua del planeta y representan el 99% de la superficie habitable del planeta en volumen. Absorben un 30% del CO2 producido por la actividad humana y amortiguan los impactos del calentamiento global.
Son la mayor fuente de proteínas del mundo y más de 3.000 millones de personas dependen de la biodiversidad marina y costera para su sustento.
Pero la pesca ilegal, la sobrepesca y los subsidios que otorgan los gobiernos para esas actividades, están contribuyendo al rápido agotamiento de muchas especies y al deterioro de los ecosistemas marinos.
En 2010, el Programa de Naciones Unidas para el Ambiente (PNUMA) definió un Plan Estratégico para la Diversidad Biológica, conocido como Metas Aichi, 20 metas que debían ser implementadas antes del 2020, por los 196 países firmantes, a fin de proteger la biodiversidad del planeta. Entre ellas, proteger el 17 % de la superficie de la tierra y el 10 % de sus mares. Este año debían dar cuenta de lo que hicieron… pero la respuesta se posterga. Como si tuviéramos mucho tiempo que perder.
Soluciones a la vista
La industria pesquera y los gobiernos cómplices se resisten a afrontar soluciones que están a la vista y traerían una enorme mejoría a la situación de los océanos. La ex comisaria de Comercio de la UE, Cecilia Malmström, definía sin tapujos esa complicidad y la atribuía al “comportamiento destructivo de varios países grandes (…) Es horrible. Los miembros ni siquiera pueden acordar dejar de subsidiar a la pesca ilegal”. (Ver Más Azul, “Aguas internacionales pesca y depredación en la tierra de nadie”, N°5, feb.20)
Las aguas internacionales representan casi 2/3 del total de los océanos (64%). Eso significa más de 230 millones km2, un área mayor que la de todos los continentes juntos. Una gran parte de las poblaciones marinas de interés pesquero (stocks) se ubican en alta mar, en determinadas etapas de sus ciclos biológicos.
La contaminación provocada por sustancias químicas, los plásticos, la sobrepesca y las prácticas pesqueras destructivas, han provocado una creciente merma de recursos pesqueros en las zonas costeras, por lo que la pesca industrial de gran envergadura ha avanzado en los últimos años sobre las aguas internacionales y amenazan la biodiversidad marina de alta mar.
En la actualidad, solo el 1 % de los océanos globales están protegidos. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), estableció que el 30% sería el mínimo necesario.
High Seas Alliance, una alianza entre 27 organizaciones no gubernamentales y la UICN insisten por ello, en que resulta crucial avanzar hacia una gobernanza mundial de alta mar, esencial para la conservación de los ecosistemas marinos que se encuentran en aguas internacionales.
En materia de gobernanza global de los océanos solo tenemos la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), una especie de “constitución del mar”, pero que tiene tal grado de vacíos e inconsistencias, que permiten que las aguas internacionales se encuentren desprotegidas, sin ningún mecanismo general que permita el establecimiento de áreas marinas o reservas totalmente protegidas en alta mar.
Las negociaciones para un tratado mundial han sido una y otra vez postergadas. La propuesta del eurodiputado portugués José Inácio Faria (ver Más Azul n°2, nov.2019, “Océanos victimas y aliados”), sobre la necesidad de una gobernanza internacional de los océanos, considerando “el consenso generalizado sobre las importantes amenazas y el riesgo de daños irreversibles que pesan sobre la salud ambiental de los océanos, a no ser que la comunidad internacional se movilice y lo haga de forma coordinada”, nunca prosperó.
Entre las muchas expectativas que ofrecía el 2020 estaba la posibilidad de alcanzar un tratado global de los océanos. Su objetivo era crear un marco jurídico para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina de los océanos en alta mar, es decir, fuera de las áreas jurisdiccionales de los países. Pero eso también ha quedado postergado…
El otro ámbito de solución para la actual situación de los océanos es alcanzar acuerdos para terminar con la pesca ilegal. Suena extraño o absurdo que los Estados que tienen a su cargo el poder punitivo para combatir el crimen, necesiten innumerables reuniones y conferencias, no ya para acordar límites a la sobrepesca sino para hacer cumplir la ley.
Casi 26 millones de toneladas de pescado son capturados cada año de manera ilegal o no declarada. Es decir, uno de cada cinco pescados vendidos, son ilegales. El valor de esa actividad criminal asciende a 23.000 millones de dólares, según estimaciones de la FAO.
En la actualidad, las aguas internacionales son una especie de “lejano oeste sin ley”. En alta mar, no hay cuotas de pesca. La captura no está regulada y se realiza sin ningún control. Se trata de una actividad ilegal consentida, con barcos que no se reportan, pescan a mansalva y a veces “legalizan” su carga transbordándola a buques para desembarcarla en diferentes países.
Para este 2020 se esperaban resultados en el combate de la pesca ilegal, por la aplicación de las primeras medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP), un tratado que entró en vigor en 2016, dirigido a dificultar la pesca ilegal. Fue firmado por 87 países (menos de la mitad de los firmantes de las Metas Aichi) y su objetivo es impedir que los buques que la practican puedan utilizar puertos para desembarcar sus capturas. Las disposiciones del AMERP se aplican a los buques de pesca extranjeros que soliciten entrar a un puerto de un Estado diferente de su Estado de pabellón.
A los barcos sospechosos de estar involucrados en la pesca ilegal se les puede denegar la entrada a los puertos o autorizarla únicamente para su inspección. En caso de denegar el acceso a un puerto, o de detectar problemas durante la inspección, se debe informar a las partes y a las autoridades portuarias de los países vecinos.
En algunos casos, los resultados no parecen mostrar éxito y la complicidad persiste. En América latina el problema se hace evidente. Por una parte, se destacan los avances en superficie protegida de océanos que hoy alcanza un 13,09 % de océano protegido, equivalente a 5.199.402 km2, pero varios de los países firmantes del AMERP no lo implementan. Y las áreas protegidas permanecen siendo muy bajas (Costa Rica 2,61%; El Salvador 0,71%; Guatemala 0,9%; Honduras 4,16%; Nicaragua 2,97% y Panamá 1,68%).
Perú, que posee uno de los mares más biodiversos del mundo, gracias a la corriente de Humboldt, no solo tiene apenas el 0,48 % de su territorio marítimo protegido sino que no avanza en el combate de la pesca ilegal.
Según Juan Carlos Riveros, director científico de Oceana-Perú, su país ratificó el acuerdo hace tres años, “pero no lo implementa y no hay fecha para hacerlo”. Según el experto, en Perú, las naves extranjeras, en particular asiáticas y europeas, pescan en el límite de las 200 millas marinas a ingresan al mar peruano para pescar sin autorización. Emplean además los puertos peruanos para aprovisionarse o desembarcar sin pasar ningún control.
Si bien no hay cifras exactas, en América Latina, se estima que anualmente llegan 900 barcos pesqueros ilegales provenientes en su mayoría de China, Taiwán, Corea del Sur, España y Portugal.
La mayor dificultad para su implementación está en el intercambio de información que es fundamental para la lucha contra la pesca ilegal. La falta de cooperación revela las complicidades internas en muchos países. Un hecho significativo es que cuando un barco es detectado y sancionado por ilegal, no pasa –como debería– a integrar una ‘lista negra’. Ésta debe ser por consenso y basta que un solo país se niegue, para que la nave ilegal no quede fichada y pueda seguir pescando.
Por otra parte, muchos gobiernos de la región tampoco avanzan en dotar a sus fuerzas militares de control marino, de las capacidades y equipos suficientes, por lo que solo logran atrapar anualmente menos del 1% de los buques ilegales que saquean sus países.
Sin planes de manejo y fiscalización, las metas son solo declamativas. La realidad de los países latinoamericanos es que no cuentan con la infraestructura ni los recursos y muchas veces, tampoco con la voluntad política de controlar la pesca ilegal y la sobrepesca, que alimentan la corrupción burocrática y multitud de negocios tierra adentro.
El saqueo es inmenso en los bordes de las zonas económicas exclusivas de Argentina y Perú, en donde la concentración puede alcanzar hasta 500 barcos operando simultáneamente. En las fronteras marítimas de Brasil, Chile, Colombia y Uruguay también operan embarcaciones ilegales, pero en menor medida.
Los primeros resultados del AMERP deberían surgir de la próxima reunión del AMERP en la UE en el presente año, pero también ha sido postergada.
Octavio Aburto, biólogo marino y fotógrafo, en un reciente reportaje (Semana, 19/4/20) advertía: “Los gobiernos deben tener más visión de lo que sucede en los mares… el mar controla todo el clima de este planeta, el mar produce dos de las tres moléculas de oxígeno que respiramos, el mar desencadena muchos de los procesos que día a día los humanos necesitan para vivir y si no lo protegemos, no vamos a lograr sobrevivir”.
Debemos comprender que poner freno al cambio climático y la pérdida de biodiversidad no es una tarea que se puede posponer. No podemos seguir haciendo las mismas cosas siempre. Ahora debemos trabajar con la naturaleza, no en contra de ella. Si fallamos, esta será una más de las tantas pandemias que vamos a afrontar.