¿Quién financia la lucha contra el cambio climático?
14 oct 2021
Antonio López Crespo
Director
Mientras gobiernos y empresas multiplican las ‘declamaciones’ sobre la urgencia de afrontar el cambio climático y advierten sobre sus gravísimas consecuencias para la humanidad, nadie pone en dinero necesario, para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París.
Los países ricos incumplen la meta de 100.000 millones de dólares comprometidos para el 2020. En una actualización sobre el financiamiento para enfrentar el cambio climático, la OCDE afirma que los gobiernos donantes contribuyeron con u$s 79.600 millones en 2019, casi lo mismo (+2%) que habían aportado en 2018 (u$s 78.300 millones).
Según dejan trascender en el staff del organismo, tampoco en 2020 los países ricos cumplieron con la meta de aportar 100.000 millones de dólares para ayudar a los países en desarrollo a enfrentar el cambio climático, una promesa que hicieron en 2009, en la Cumbre de Copenhague.
Mathias Cormann, secretario general de la OCDE, calificó como “decepcionante” el aumento del 2% de 2019 y aunque los datos confirmados del 2020 no estarán disponibles hasta dentro de unos meses, está claro que el financiamiento climático seguirá estando muy por debajo de su objetivo.
Los gobiernos de todo el mundo encontraron en la pandemia de coronavirus el argumento para desviar fondos y cubrir las deficiencias de infraestructura en salud pública que mantenían desde hace años y que la emergencia sanitaria dejó al desnudo. Basta recordar el colapso de los sistemas del Reino Unido, España e Italia por los recortes de décadas en el sector de la salud.
COP 26 EN EL HORIZONTE
Los países ricos están ahora bajo escrutinio global pues la Cumbre Climática COP26 en noviembre, obligará a los líderes mundiales a dar cuenta de los fondos comprometidos y como se financiará de aquí en más la lucha contra el cambio climático que exigirá acciones concretas para reducir las emisiones y evitar que el calentamiento global alcance niveles desastrosos.
El incumplimiento de los países ricos amenaza con ser un tema conflictivo en la próxima COP26 y según el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, exponen al riesgo de un fracaso a la Conferencia considerada la ‘última oportunidad’ para un acuerdo global que evite el desastre climático. Y agudiza la desconfianza y las tensiones entre los países ricos y pobres.
Tras décadas de dilatar las decisiones y reiterados fracasos en COPs anteriores, se llega a Glasgow en noviembre, con un escenario complejo. Por un lado, hay conciencia de que no hay más tiempo y que es necesario que la comunidad internacional afronte los efectos del cambio climático con decisión.
El “Acuerdo de París 2015”, considerado en su momento un hito de la diplomacia climática, supone el compromiso de estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a un nivel que no permita sobrepasar una temperatura media global de 1,5°C con relación a los niveles pre-industriales. Un incremento mayor provocaría consecuencias negativas a escala global.
En ese contexto, con problemas graves de alteraciones climáticas en todo el mundo, los países en desarrollo sufrirían un impacto más severo debido a su limitada capacidad económica para hacer la adaptación al cambio climático y su especial dependencia de los recursos naturales.
El conflicto latente enfrenta a los países más pobres y a los llamados países emergentes, que creen que solo las naciones desarrolladas y ricas deben hacer frente al coste pues sus emisiones históricas son las que han provocado el problema climático global y aquellos que buscan que China, con índices de desarrollo y rentas per cápita importantes, también contribuya al fondo transnacional.
Sin el apoyo de las naciones ricas, los países en desarrollo no pueden hacer las enormes inversiones necesarias para reducir las emisiones o reforzar sus defensas para afrontar las consecuencias de tormentas, inundaciones, etc. que son manifestaciones cada vez más frecuentes y brutales del cambio climático.
Ante la emergencia, muchos países han aprovechado para pedir dinero a la comunidad internacional. Tres importantes países en vías de desarrollo, como India, México y Argentina son algunos de los que condicionan el cumplimiento de sus metas climáticas a la recepción de esa financiación. India reclama u$s 206.000 millones antes de 2030 para poder reducir un 35% sus emisiones para esa fecha. México que propone reducir sus emisiones un 25% para 2030, asegura que podría elevar el recorte al 40% con ayuda internacional. Y Argentina lo condiciona a que parte de su deuda externa sea considerada un ‘crédito ambiental’, como modo de solventar sus crónicos impagos.
PROMESAS INCUMPLIDAS
Cuando hablamos de financiamiento del clima nos referimos al de carácter transnacional, proveniente de fondos (públicos y privados) internacionales, destinados a hacer frente a las enormes inversiones que se requieren para que los países logren la descarbonización de sus economías y la adaptación a los efectos adversos del cambio climático.
Para enfrentar el cambio climático se impone de manera inequívoca terminar con los combustibles fósiles. La mitad de la comunidad internacional –que suma algo más del 55% de las emisiones globales de GEI– manifiesta su acuerdo, pero se muestra incapaz de disparar las drásticas acciones necesarias y menos aún, de disponer de los recursos financieros para ponerlo en marcha.
Las grandes economías del mundo mantienen su dependencia de los combustibles fósiles y en algunos casos, los siguen subsidiando. China se compromete a financiar a los países más pobres pero avanza lentamente en las correcciones sostenibles de su propia economía. La UE compromete más fondos climáticos para los países en desarrollo –pero insuficientes– y convoca a EEUU a que aumente sus aportes. Biden promete duplicar los fondos públicos de su país para la lucha contra el cambio climático pero para 2024… Mientras, científicos y expertos ambientales insisten en que las mayores economías del Planeta deberían hacer mucho más.
Por regiones, Asia se llevó el 43% de la financiación, África, con el 26% y América Latina y el Caribe solo el 17%. La región es un ejemplo preciso de la distancia real entre las necesidades y el actual financiamiento. El 75% del financiamiento climático multilateral para América Latina proviene de cuatro fondos: 1. El Fondo para una Tecnología Limpia, un fondo multilateral administrado por el Banco Mundial que financió hasta ahora unos 30 proyectos por el monto de casi 1.000 millones de dólares; 2. El Fondo para la Amazonia, con 102 proyectos en Brasil por valor de 717 millones de dólares; 3. El Fondo Verde para el Clima (GCF) con 14 proyectos y tres programas de ayuda, con 656 millones de dólares y 4. El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) que aportó 208 millones de dólares (181 millones en 53 proyectos y otros 27 millones para proyectos en cinco países de América Latina y el Caribe, con apoyo de FAO.
Es decir, unos 2.700 millones de dólares que se concentran en un 49% solo en Brasil y México que reciben casi la mitad de todos los fondos multilaterales destinados a la región. Mientras que, según los expertos del IPCC –si bien es difícil calcular el monto global para la región– los requerimientos rondarían los 500.000 millones de dólares, unas 20 veces más que lo aportado.
La justificación por parte de los organismos de semejante diferencia es que los gobiernos nacionales carecen de capacidades específicas (falta de recursos humanos y capacitación) en los temas de cambio climático y desarrollo de proyectos que les impide a los países acceder a los fondos. Para los gobiernos, en cambio, el problema reside en que los fondos climáticos tienen mecanismos muy complejos para el otorgamiento de recursos y una exigencia muy alta en el diseño de los proyectos, que ejemplifican con las exigencias de los Fondos Verde para el Clima y de Adaptación.
En esa maraña burocrática se pierde el verdadero horizonte: toda América Latina representa apenas el 5% de las emisiones mundiales, pero los impactos del cambio climático podrían costarle a la región entre el 1,4 y el 4,3% de su PBI anual.
Por otra parte, en el sistema monetario actual existe un inconveniente poco conocido y es su estructura absolutamente inapropiada para realizar proyectos a largo plazo. Como escribe Yasuyuki Hirota, doctor en economía de la Universidad de valencia (España) “los inversores prefiere colocar su dinero en proyectos a corto plazo (porque el retorno del futuro inmediato vale más que el del futuro remoto) mientras que otros proyectos que necesitan más tiempo para madurar”.
Por eso la educación y la recuperación de la naturaleza, no atraen inversiones del sector privado. Si queremos un sistema favorezca el desarrollo sostenible debemos diseñar otro, porque el sistema monetario actual está hecho para favorecer las especulaciones.
¿CUANTO NOS CUESTA EL CLIMA?
Nos lo preguntamos en 2018 y advertíamos que la falta de acciones “duplicaría” los u$s 520.000 millones que los efectos de huracanes, inundaciones, sequías, terremotos y otros peligros naturales nos costaban entonces en un cálculo muy conservador (Ver “Cuánto nos cuesta el clima”, Marco Trade Revista n° 7, 2018).
Los desastres naturales causados por las alteraciones climáticas y sus consecuencias en diversos sectores especialmente vulnerables (agroindustria, minería, turismo, actividad portuaria, transporte marítimo, etc), podrían alcanzar rápidamente el doble de los costos de 2018, si los países no mejoraban sus políticas de prevención de riesgos y combatían seriamente el cambio climático.
Coincidíamos con Robert Glasser, representante especial de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres, que sostenía que podrían los daños podría significar un costo anual de un billón de dólares a la economía mundial en dos décadas.
Curiosamente, como señalaba la OCDE todavía en ese año, los riesgos climáticos apenas eran tenidos en cuenta de forma explícita en los proyectos y programas de desarrollo. Algo de eso ha cambiado. Pero seguimos muy lejos de tomar en cuenta la advertencia que Ban Ki-moon hizo en 2009 desde la ONU: “Nos encaminamos hacia un desastre económico mundial… Y pagaremos un precio muy alto si no actuamos rápido… Nuestro pie está puesto en el acelerador y nos dirigimos al abismo”.
Según estudios de Morgan Stanley, los desastres climáticos asociados con el calentamiento global podrían significar pérdidas para el 2040 del orden de los 54 billones de dólares.
La tarea para lograrlo es ímproba. Para reducir las emisiones netas de carbono a cero, el mundo debería lograr erradicar anualmente unas 53.500 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono. Para ello, según un informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) se requiere una inversión de 13,5 billones de dólares en los próximos 15 años, tanto en eficiencia energética como en tecnologías bajas en carbono a un promedio de u$s 840.000 millones por año. Hay cinco medidas a alcanzar para reducir las emisiones: 1. eliminar las centrales de carbón que son las más contaminantes; 2. acabar con los subsidios a las energías fósiles; 3. reducir las emisiones de metano en la producción de petróleo y gas; 4. ampliar las inversiones en energías renovables; 5. aumentar la eficiencia energética en la industria, el transporte y la edificación.
Sin embargo, la AIE advierte que estas inversiones que tendrían un impacto positivo en el sector energético, no es seguro que sean suficientes para mantener las temperaturas por debajo de los 2°C considerado por los científicos como el último límite seguro.
Para lograrlo, los científicos de IPCC-Naciones Unidas estiman que habría que gastar también u$s 300.000 millones en recuperación de tierras degradadas que compensaría las emisiones, mientras se desarrollan las tecnologías sin carbono. Y más de u$s 50.000 millones anuales hasta el 2050 en cinco áreas prioritarias de tecnología (energía renovable, captura y el almacenamiento de carbono, hidrógeno, vehículos eléctricos y biocombustibles) para lograr las metas del Acuerdo de París.
Hasta hace poco tiempo, el mundo carecía de un estudio sólido de los fondos necesario para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y las cifras diferían según el enfoque propuesto, pero en todos los casos significaban enormes inversiones. Ello propició que grandes corporaciones y líderes gubernamentales se resistieran a enfrentar la reducción de emisiones por demasiado costosa y eligieran el camino de las dilaciones hasta que algunos avances científicos y tecnológicos hicieran más económica la transición. Una postura que nos ha ido acercando peligrosamente al borde del ‘precipicio climático’.
Una interesante investigación de la Universidad de Stanford (EEUU) en cambio, cuantificó los beneficios económicos que traería poner en marcha ya mismo, los objetivos de París, demostrando que cerca del 90% de la población mundial –incluso las grandes economías como EEUU, China o Japón– se beneficiarían económicamente logrando limitar el calentamiento global a 1,5°C.
Rebasar ese límite y no alcanzar las metas propuestas en París, provocaría daños económicos de enorme magnitud, por efectos del cambio climático. El Planeta soportaría colosales pérdidas por una menor producción agrícola, un deterioro global del crecimiento y unos excepcionales costos derivados de los desastres ambientales y de las crisis vinculadas a la salud mundial, como acaba de mostrarnos la pandemia de Covid-19.
El trabajo de Stanford combinó datos científicos de la posible variación futura de las temperaturas con el desarrollo económico de los últimos 50 años en todo el mundo y sus conclusiones muestran el impacto en la producción económica de cada región con el aumento de las temperaturas.
El dato alentador es que las acciones dirigidas a enfrentar el cambio climático en materia energética, de reducción de emisiones, de resiliencia de las ciudades, etc. significarían millones de nuevos puestos de trabajo y el desarrollo de programas de mitigación y transformaciones en la producción agro-ganadera y el manejo de tierras, que podrían aumentar de forma significativa el PIB per cápita mundial, en especial de los países más desfavorecidos.
Por el contrario, de no alcanzar aquellos objetivos y superar los 2°C, la producción económica mundial sufriría un deterioro del 15% ante la mayor virulencia de los fenómenos climáticos a escala global.
El desafío es monumental y a la vez apasionante. Las oportunidades de inversión y empleo son enormes. Según la Iniciativa Financiera del PNUMA, la transición a economías bajas en carbono y resilientes al cambio climático necesitará inversiones de unos 60 billones de dólares, desde ahora hasta 2050. Para tomar una dimensión de lo que hablamos, recordemos que el valor de toda la economía global en 2020 ha sido de 93,89 billones de dólares.