Sus líderes omiten el largo plazo y no invierten en recuperación sostenible
21 jun 2021
Antonio López Crespo
Director
Es frecuente oír a los políticos de América Latina decir que los problemas económicos y sociales de la región son tales, que hacen imposible pensar en el largo plazo porque los acosa la emergencia.
La reflexión contiene un profundo error conceptual, que mucho tiene que ver con las crónicas postergaciones del desarrollo de una de las áreas más ricas del Planeta. Lo que remite a una perpetua emergencia es precisamente la falta de una mirada estratégica de largo plazo que establezca hacia dónde se camina.
Si en una encrucijada del bosque se nos presentan varios caminos y sabemos cuál es el que nos lleva a la salida, no enfrentamos una situación de emergencia. Lo que nos pone en emergencia, es precisamente no saber por dónde seguimos…
Lo que disipa las emergencias es contar con programas de largo plazo que diseñen y proyecten el futuro deseado. Es la planificación de largo plazo lo que nos libera de la emergencia. Pero América Latina se resiste a entenderlo. Veamos un nuevo ejemplo…
PANDEMIA Y OPORTUNIDAD
La pandemia del Covid-19 ha afectado gravemente la economía global y arrasado con la situación económica de algunas de las naciones en desarrollo, generando millones de desocupados, de nuevos pobres y elevando los índices de inseguridad.
Para salir de esa situación y superar la actual recesión, los gobiernos nacionales en todo el mundo están implementando importantes paquetes de recuperación. Esos programas constituyen una potencial herramienta para desarrollar una salida integral más allá de la crisis.
Pero requiere que el enfoque no se limite a la “emergencia” actual y se entienda que el Covid-19 –y las pandemias venideras que anticipan la OMS y el PNUMA– son el resultado de una ruptura con la naturaleza y que los planes de recuperación deben incorporar la perspectiva del cambio climático para aprovechar la oportunidad de construir una economía sostenible.
Como señala Andrea Meza, ministra de Ambiente y Energía de Costa Rica, “la situación de la región es preocupante, la respuesta a la pandemia nos está llevando a un aumento de la deuda, lo cual limita nuestra capacidad para dirigir las inversiones hacia la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, colocar la acción climática como motor de la reactivación nunca ha sido tan importante. La supervivencia y la competitividad de la región están en juego debido al cambio climático”.
América latina concentra casi el 30% de las muertes registradas por Covid-19 (1.300.000 fallecidos a mediados de este mes) cuando solo tiene el 8% de la población mundial. Soporta una contracción de su PIB de un 7,4% en 2020. Los déficits fiscales aumentaron un 5,3% del PIB en promedio en 2020. Y la deuda pública que era del 58% del PIB en 2019 se disparó al 72% en 2020 y se estima que llegará al 76% en 2023.
Pero eso dependerá en gran medida de la capacidad de los gobiernos regionales para desarrollar una política de crecimiento innovador y sostenible y una política fiscal que no repita las ruinosas experiencias latinoamericanas.
Lamentablemente, el monitoreo de las políticas de gasto fiscal relacionadas con la pandemia muestra que, una vez más, América latina y el Caribe se olvida del largo plazo y desaprovecha la oportunidad de invertir en una recuperación sostenible.
El Tracker de Recuperación de ALC es una plataforma que contribuye a la transparencia de las prácticas de gasto de los gobiernos de la región y monitorea no solo el destino de los fondos sino su impacto económico, social y medioambiental. Se encuentra bajo el marco de la Red de Política Fiscal Verde, una asociación entre Naciones Unidas (PNUMA), el IMF y la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ).
La plataforma muestra en tiempo real, datos de los 33 países de la región y revela que en materia de gasto ambientalmente sostenible post-pandemia, ésta permanece rezagada frente al resto del mundo: 0,5% del gasto total frente al 2,8% (cinco veces y media menos) y 2,2% del gasto de recuperación a largo plazo frente al 19,2% a nivel mundial (8 veces y media menos).
A junio 2021, solo 6 de los 33 países de la región dedicaron más de 0,1% de su PIB en planes de recuperación y un pequeño número dedicó una proporción significativa a esfuerzos pos-COVID-19 (Chile-14,9%, San Cristóbal y Nieves-13,3%, Santa Lucía-11,3%, Bolivia-10,5% y Brasil-9,26%).
A hacer un análisis de más de 1.100 políticas regionales, el Tracker muestra que gasto total regional (posCovid-19) fue de 318.000 millones de dólares. El 77% de esa enorme cifra se asignó a medidas de rescate para abordar las amenazas de corto plazo (entre ellas la imprescindible necesidad de salvar vidas); 46.000 millones a gastos de reactivación pero solo 1.470 millones fueron destinados a una reactivación verde.
Los países de América Latina y el Caribe están gastando el 2,2% del gasto de reactivación en iniciativas verdes, perdiendo una oportunidad crucial para lograr un mayor crecimiento económico, afrontar la crisis ambiental y ofrecer beneficios sociales significativos perdurables.
Del presupuesto total apenas un 16,1% estuvo dirigido a planes de recuperación de largo plazo para revitalizar la economía y mejorar las infraestructuras que lo posibilitaran. América Latina solo asignó en promedio u$s 490 per cápita contra u$s 650 del resto de los mercados emergentes y las economías en desarrollo, y dramáticamente lejos de los u$s 12.700 de las economías avanzadas.
Si las inversiones en estructura sanitaria se hubieran contemplado hace años, en una programación estratégica de largo plazo, seguramente las gravísimas consecuencias que la región tuvo con la pandemia, podrían haberse evitado o morigerado.
FABRICANTES DE EMERGENCIAS
Pero la inercia cerebral de sus elites políticas –verdaderos fabricantes de emergencias– y la carencia de pensamiento estratégico, han generado que la mayor proporción del presupuesto para recuperación se haya gastado en sectores no sostenibles.
Unos u$s 7.500 millones se destinaron a iniciativas negativas para el medio ambiente, que además generarán voluminosos gastos correctivos en su momento. Casi tres cuartas partes (74%) se invirtieron en infraestructura para fuentes de energía fósiles y un 13% para infraestructura portuaria y aeroportuaria insostenible.
En ambos casos, esas actividades conducirán a un aumento de las emisiones de carbono y a un costoso proceso de descarbonización, en una ventana de tiempo muy breve. Un claro indicador de una pobre lectura regional de la realidad global y de las circunstancias perentorias que impone el escenario climático.
Veamos algunos ejemplos del gasto total regional posCovid-19 (marzo 2020-mayo 2021):
SECTORES NO SOSTENIBLES u$s 7.520 millones
En Subsidios a los precios de los combustibles fósiles: u$s 3.270 millones
En Infraestructura de energía fósil tradicional: u$s 2.490 millones
En Apoyo a la aviación: u$s 790 millones
En Infraestructura de transporte tradicional: u$s 400 millones
En equipamiento de Fuerzas Armadas: u$s 400 millones
En Apoyo a la electricidad fósil: u$s 160 millones
En Apoyo al transporte de carretera: u$s 10 millones
SECTORES SOSTENIBLES u$s 1.470 millones
En Energía limpia: u$s 470 millones
En Infraestructura natural: u$s 350 millones
En Transporte Público: u$s 340 millones
En Infraestructura del transporte limpio: u$s 260 millones
En Turismo resiliente al clima: u$s 40 millones
En Eficiencia energética: u$s 10 millones
Solo se usaron en iniciativas sostenibles menos de u$s 1.500 millones, concentrados en 5 países (Brasil, Colombia, Chile, Jamaica y Panamá), de los cuales Brasil y Chile representan más de dos tercios de la inversión. Es decir que si omitiéramos a ambos, los 31 países restantes de la región apenas han invertido 500 millones en sectores decisivos para afrontar el futuro.
En un briefing, el Natural Resource Governance Institute (NRGI) planteaba se preguntaba ya en agosto 2020: “El verdadero problema tiene que ver con el mediano y largo plazo: ¿deberían los países seguir apostando por proyectos que pueden no ser comercialmente sostenibles e invertir o promover inversiones en exploración en una industria que tiene un futuro sombrío? ¿Deberían los gobiernos relajar las normas y procedimientos fiscales, sociales y ambientales para hacer competitiva una industria que se enfrenta a un futuro tan adverso? ¿Tienen sentido inversiones petroleras adicionales frente al catastrófico calentamiento global?”
Como señala Piedad Martin, directora regional interina del PNUMA para América Latina y el Caribe “nuestro Tracker muestra que, en general, el gasto ecológico de la región aún no está a la altura de la gravedad de la triple crisis planetaria de cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación”.
Brian O’Callaghan, investigador principal del Proyecto de Recuperación Económica de la Universidad de Oxford, advierte que “la región ha llegado a una encrucijada económica. O los gobiernos continúan apoyando las viejas industrias moribundas del pasado o invierten en industrias sostenibles que puedan impulsar la prosperidad a futuro. Las nuevas oportunidades económicas para la región son monumentales y los líderes visionarios las aprovecharán”.
Las oportunidades que ofrece América latina de cara al futuro son extraordinarias, pero escasean los visionarios. La región debe avanzar de forma decidida hacia una economía verde para lograr un crecimiento que sea sostenible. La economía basada en el carbón, petróleo y gas no solo está llegando a su límite sino que sus daños para la subsistencia de la vida en el Planeta imponen actuar con celeridad.
La región cuenta con una situación favorable de recursos en el sector energético para avanzar hacia la transición. Posee insumos geotérmicos, de biomasa, de hidroenergía y otras fuentes primarias renovables (solar, eólica y otras que generan bajas emisiones de CO2).
Las oportunidades de alto impacto son numerosas también en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para superar las deficiencias actuales en provisión de agua y saneamiento, gestión de los residuos, transformación de las prácticas agrícola-ganaderas, estructura sanitaria, conectividad, digitalización, etc.
DESIGUALDAD Y CORRUPCION
Pero esas oportunidades requieren el acompañamiento de una serie de transformaciones institucionales de enorme calado. Como señala CEPAL, América Latina es “la región más desigual del planeta”. Soporta la mayor desigualdad de ingresos: según la Base Mundial de Datos sobre la Desigualdad en América Latina, en 2019, antes de la pandemia, el 1% superior de la distribución de los ingresos capturaba el 27% de todos los ingresos nacionales antes de impuestos, mientras que el 50% inferior se quedaba con solo el 10%.
Esta brecha supera la del África subsahariana y explica las reiteradas olas de protestas que recorren, una y otra vez, las calles de Latinoamérica.
La crisis sanitaria ha exacerbado estas disparidades extremas, con cierre o endeudamiento de negocios, aumento del desempleo, limitadas y desiguales oportunidades de trabajo remoto, etc. que han impactado especialmente a los sectores de bajos ingresos, más vulnerables y sujetos a la informalidad.
Esto ha provocado un marcado crecimiento de la pobreza en la región. CEPAL estima que ha pasado del 30,5% (2019) al 33,7% en 2020 y un incremento de la pobreza extrema del 11,3% al 12,5%. Se destacan situaciones tan agudas como las de Argentina que cerró el 2020 con 42% de pobres y 10,5% de indigentes. Más de la mitad de los niños del país son pobres. La pobreza infantil ascendió en el segundo semestre del 2020 a 57,7% y la indigencia en los menores llegó al 15,7%.
Al comienzo de la pandemia (marzo 2020) América Latina tenía 76 milmillonarios, cuya fortuna alcanzaba los 284.000 millones de dólares. En mayo de 2021 esa cifra se elevó a 107 milimillonarios con u$s 480.000 millones, lo que significa que en 13 meses sus fortunas aumentaron en 196.000 millones de dólares.
“En conjunto –destaca el PNUD– vemos que, durante la pandemia, el número total de multimillonarios en ALC aumentó en 31 y su patrimonio neto combinado aumentó en $196 mil millones, esto es aproximadamente el tamaño de la economía de Ecuador. Es decir, el acervo de riqueza de los multimillonarios en ALC, medido por la lista de Forbes, ha crecido más del 40% durante el COVID-19 hasta ahora”.
Mientras millones de personas luchaban contra la enfermedad, con hospitales desbordados y escenas conmovedoras de fallecidos cuyos familiares no encontraban como enterrarlos, en la región no solo surgían dos nuevos milmillonarios por mes, a lo largo de ese período, sino que en conjunto ganaban 15.000 millones más por mes.
Solo en Brasil, sus 42 milmillonarios elevaron su patrimonio de u$s 123.000 millones a u$s 157.000 millones entre marzo y julio 2020 (OXFAM).
Los gobiernos de América Latina no son ajenos a ello y su complicidad con lo que sucede es manifiesta. Existen decenas de explicaciones “académicas” que pretenden ilustrar sobre las causas de esa flagrante desigualdad. Los expertos ven factores históricos y raciales detrás de la desigualdad estructural latinoamericana.
Para algunos es consecuencia de la estructura económica colonial. Otros acentúan el componente racial, vista la mayor incidencia de la pobreza entre indígenas y afrodescendientes. Los hay que destacan que la región –hoy una de las más urbanizadas del mundo– hizo el cambio de lo rural a lo ciudadano de forma vertiginosa y desordenada, generando grandes cinturones de pobreza y desigualdad. Y hasta débiles atribuciones de inequidad a todas las economías basadas en recursos naturales.
Explicaciones que pueden ser más o menos ciertas pero que omiten una brutal realidad: la connivencia de las dirigencias políticas –a izquierda y derecha– con las élites multimillonarias.
Joseph Stiglitz ha escrito sobre la desigualdad en la región afirmando que “un alto nivel de desigualdad económica crea sistemas políticos que ayudan a perpetuar esa economía”. Pero la afirmación vale también a la inversa: sistemas políticos corruptos e incapaces crean desigualdad económica y son fábricas de pobres.
Países ricos en recursos naturales como Noruega, Finlandia o Australia no repiten los flagrantes números de la desigualdad latinoamericana. La diferencia proviene de instituciones políticas, económicas y judiciales más sólidas y transparentes que aseguran un manejo más eficiente y honesto de los ingresos y posibilitan el desarrollo.
La corporación política latinoamericana solo busca su perpetuación en el poder como forma de recaudación ‘personal’, aunque ello suponga pactos con el narcotráfico, connivencia espúrea con sectores empresariales vinculados a la obra pública (un solo caso, Odebrecht, pagó sobornos por u$s 788 millones para ganar más de 100 proyectos de construcciones públicas en 11 países de América Latina), etc.
Para la CAF, la incidencia de corrupción en América Latina y el Caribe es mayor que en el resto del mundo. Los sectores con mayor corrupción son obra pública y construcción, minería, servicios públicos, generación y transmisión eléctrica, petróleo y gas (Índice de Pago de Sobornos de Transparencia Internacional). Es decir, casi todo…
Esa corrupción estructural de connivencia entre política y negocios, supone la pérdida de un 3% del PIB regional en la actualidad. En el sector de las grandes obras de construcción, se calculan pérdidas que van del 10% al 30% del valor de las inversiones. Y se proyecta que, para 2030, América latina podría dilapidar unos u$s 6.000 millones anuales a causa de la corrupción y las ineficiencias en la gestión.
La ausencia del Estado en áreas básicas de servicios (salud, educación, agua, vivienda) empuja a los sectores medios latinoamericanos a realizar en enorme esfuerzo para compensar con proveedores privados esas falencias, lo que agudiza la desigualdad.
La necesidad “política” de evitar que el segmento de los más desfavorecidos se vuelva incontrolable, las dirigencias políticas de la región han encontrado un nuevo “negocio”: el ‘pobrismo’. Bajo el disfraz de ayuda social consolidan la estructura de pobres. El ‘pobrismo’ no favorece el ascenso social, no educa ni promueve salud ni vivienda. Crea dependencia a los más necesitados de ‘ayudas’ que, a la vez, se han convertido en otra fuente de recursos y corrupción para el sostén de la clase política.
Esta connivencia entre política y negocios no solo compromete la eficiencia y la productividad, sino que reduce la capacidad del Estado para proveer bienes y servicios públicos de calidad y debilita la confianza de la población en las instituciones.
Pero lo más grave aún: profundiza las desigualdades socioeconómicas, ya que perjudica de forma brutal a los más necesitados, que son quienes no tiene forma de compensar lo que los gobiernos no proveen.